24 de mayo de 2018

El proyecto presentado por Carrió para que no aumenten tarifas

La diputada nacional entregó un escrito para que los importes de luz, gas y agua no suban y que el IVA e Ingresos Brutos sólo pueda incluirse en caso que así corresponda en cada distrito.

La presentación del proyecto de Elisa Carrió se produce luego de que el martes la oposición en el Senado, lograra emitir dictamen del proyecto de ley que retrotrae los valores de las tarifas de servicios públicos a noviembre de 2017. 

El oficialismo, por su parte, firmó otro dictamen para debatir un proyecto de ley que baja el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las boletas de electricidad, gas y agua para usuarios residenciales.

La iniciativa impulsada por la líder de la Coalición Cívica establece que “queda expresamente prohibido incorporar en las constancias de facturación que las empresas prestatarias de servicios públicos brindan, cualquier cargo, tasa o concepto que no responda exclusivamente a los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado este según el cuadro tarifario vigente al momento de facturación”. También se reforma la ley de Defensa del Consumidor.

En el escrito se específica que “cuando una empresa de servicio público domiciliario con variaciones regulares estacionales facture en un período consumos que exceden el 75% por ciento el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores, sin considerar los aumentos producidos por las revisiones integrales, se presume que existe error en la facturación”.

En ese sentido, agrega que “para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos doce meses anteriores a la facturación”

"En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio, debiendo tomar la empresa prestataria dicho pago como válido, al menos hasta que la empresa demuestre lo contrario; quedando expresamente prohibido disponer el corte del servicio”, indica la iniciativa.

En los fundamentos del proyecto se señala que se busca “proteger al consumidor de los posibles abusos y excesos en los que incurran tanto las empresas prestadoras de los servicios, como así también las provincias y municipios quiénes a través de distintas leyes y/u ordenanzas, que sujetan impuestos y tasas a un porcentual de los consumos, que en muchos casos no guardan relación a los consumos reales de los usuarios".

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